Exigen investigadores al gobierno federal suspender la alianza educativa.

Andrés Timoteo Morales

Corresponsal

Boca del Río, Ver., 24 de septiembre. 

Investigadores del sector educativo exigieron al presidente Felipe Calderón y al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio, suspender la aplicación de la Alianza para la Calidad de la Educación (ACE). Argumentaron que dicho proyecto no sólo tiene errores metodológicos, sino que se convirtió en un instrumento de control para el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en lugar de ayudar a la reforma educativa.

En el contexto del 10 Congreso Nacional de Investigación Educativa, que se realiza en esta ciudad, Romualdo López Zárate, presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie), anticipó que se emitirá una declaración firmada por catedráticos e investigadores para que el gobierno federal permita revisar los esquemas de la ACE.

Para ello, se sugirió convocar a foros y consultas públicas, donde participen no sólo investigadores de verdad y organizaciones sindicales magisteriales,no sólo el SNTE, a fin de restructurar la ACE e impulsarla como un instrumento de desarrollo del país.

Recordó que investigadores afiliados al Comie participan en varias comisiones de la Secretaría de Educación Pública, pero aún así han sido ignorados cuando señalan errores, o sugieren propuestas en torno a la Alianza para la Calidad de la Educación.

Por ello, López Zarate indicó que al concluir el 10 Congreso Nacional de Investigación Educativa este viernes, quedará elaborado y firmado un pronunciamiento dirigido a la SEP y al presidente Calderón, para suspender la ACE en todo el país.

Les pedimos que se haga una reconsideración profunda, un proceso de reflexión sobre las medidas, y consideramos conveniente suspender todo lo que se hace en la ACE, hasta que no haya diálogo con todos los actores, y las reformas no se hagan improvisadamente y tengan efectos no deseados, afirmó.

http://www.jornada.unam.mx/2009/09/25/index.php?section=sociedad&article=045n2soc

Alerta ONG internacional sobre la muy grave situación que prevalece en Chiapas

Ante el incremento de acciones violentas y armadas de organizaciones denunciadas reiteradamante como paramilitares, al tiempo que autoridades y medios de comunicación locales emprenden una campaña contra los defensores de los derechos humanos, la situación en la entidad se puede calificar de muy grave, sostuvo hoy la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos (CCIODH).

El organismo, que desde 1998 ha hecho recorridos de observación en el estado, señala la proliferación de denuncias en diferentes zonas, y la constatación de  un uso cada vez más frecuente y público de armas de fuego por parte de los agresores.

A su vez, la otra magisterial, formada por docentes adheridos a la otra campaña del EZLN, señaló la absoluta impunidad con la que actúan los grupos paramilitares, al amparo de quienes pregonan el estado de derecho, y denunció que, como estrategia de guerra contrainsurgente, los gobiernos federal y estatal han creado y protegido la actuación estos grupos con la finalidad de contener a los que, con su vida, defienden el derecho a la autonomía y la libre determinación sobre la tierra y el territorio.

La creciente alarma nacional e internacional por los hechos de violencia contra comunidades en resistencia y defensores de derechos humanos subió de tono después del pasado18 de septiembre, cuando Ricardo Lagunes Gasca, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, fue atacado en Jotolá (Chilón) por un grupo de personas armadas de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic).

La otra magisterial enumera como escenarios recientes de la estrategia de impunidad a Tila, Sabanilla y Acteal, así como las agresiones en Cruztón, San Sebastián Bachajón, Mitzitón, Jotolá y Casa Blanca, sólo algunos ejemplos de la actuación de grupos contrainsurgentes. Para la otra magisterial en Chiapas, la persecución y el hostigamiento contra comunidades campesinas en resistencia a los voraces proyectos neoliberales se ha recrudecido.

La impunidad, sostiene desde Barcelona la CCIODH, provoca que aumenten sus actividades sin que haya ninguna respuesta de las autoridades. Aunque las denuncias identifican claramente a las personas, autoridades civiles y policiales que intervienen o están presentes durante las agresiones, no se abren investigaciones ni se señalan responsabilidades. Las diferentes denuncias, considera la CCIODH, señalan la connivencia de las autoridades, especialmente del gobierno de Chiapas, alentando la actividad paramilitar, con el objetivo de neutralizar las demandas de las comunidades contra los proyectos de infraestructura planeados y desarrollados contra su voluntad, y sin que respete su derecho a ser consultados en todo lo que afecte a su territorio.

Los intentos de las autoridades y de algunos medios por presentar los hechos como una confrontación entre indígenas por motivos religiosos o de posesión de la tierra, esconden los motivos auténticos del conflicto que implican resolver las causas y atender las demandas de autonomía de las comunidades indígenas. La agresión del día 18 en Jotolá es la consecuencia de estas políticas.

La sentencia de la SCJN sobre el caso Acteal, con la liberación de 20 de los condenados como autores materiales de la masacre en 1997, añade otro motivo de preocupación y alerta a esta frágil situación, en un contexto de guerra de baja intensidad.

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PRONUNCIAMIENTO POR EL FRAYBA

AL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
A LOS ADHERENTES DE LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA
A LAS COMUNIDADES EN RESISTENCIA
A LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO

De nueva cuenta nos indignamos ante la absoluta impunidad con la que actúan los grupos paramilitares, al amparo de quienes pregonan “el estado de derecho”. Como estrategia de guerra contrainsurgente, los gobiernos federal y estatal han creado y protegido la actuación estos grupos con la finalidad de contener a los que con su vida, defienden el derecho a la autonomía, a la libre determinación sobre la tierra y el territorio, el derecho a la vida.
Acteal, Tila, Sabanilla, Cruztón, San Sebastián Bacahjon, Mitzitón, Predio Casa Blanca, son solo algunos ejemplos de la actuación de estos grupos. Meses atrás el dirigente de la iglesia evangélica Alas de Águila y del Ejército de Dios, Esdras Alonso González, demandó penalmente ante la Procuraduría General de la República (PGR) al director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) y a ejidatarios de la comunidad de Mitzitón.
En este contexto, el día 18 de septiembre del año en curso, la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC) de corte-paramilitar, bajo cobertura del Gobierno del Estado, emboscaron y agreden a miembro del Frayba Ricardo Lagunes Gasca y hieren de bala al joven Carmen Aguilar Gómez ejidatario de San Sebastián Bachajón.
Ricardo Lagunes Gasca, integrante del Centro de Derechos Humanos, quien acompaña el proceso jurídico en la defensa de los ejidatarios presos de San Sebastián Bachajón, fue atacado por un grupo de personas armadas, integrantes de la OPDDIC, mientras se dirigía a la zona baja de Tila.
La persecución y el hostigamiento contra comunidades campesinas en resistencia a los voraces proyectos neoliberales, se ha recrudecido; del mismo modo ha sido contra las organizaciones honestas que acompañan estos procesos organizativos.
POR LO ANTERIOR LOS INTEGRANTES DE LA OTRA MAGISTERIAL, ADHERENTES DE LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA
REPUDIAMOS la agresión que sufrieron el Abogado Ricardo Lagunes Gasca y el joven Carmen Aguilar Gómez, así como los compañeros de los ejidos de Jotolá y San Sebastián Bachajón.
DENUNCIAMOS a los Gobiernos de FECAL y Juan Sabines Guerrero como responsables del clima de hostilidad y señalamiento que se ha generado por parte de diversos actores y medios de comunicación contra la labor de defensa de derechos humanos.
EXIGIMOS a los Gobiernos de FECAL y Juan Sabines Guerrero se abstengan de continuar con las provocaciones y planes de despojo hacia ejidatarios y compañeros de la Otra Campaña.
MANIFESTAMOS nuestra total solidaridad con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y en particular con los compañeros Diego Cadenas Gordillo y Ricardo Lagunes Gasca.

¡ZAPATA VIVE! ¡LA LUCHA SIGUE!
PRESOS POLITICOS ¡LIBERTAD!
POR LA LIBRE AUTODETERMINACION DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS


LA OTRA MAGISTERIAL, ADHERENTES DE LA SEXTA DECLARACION DE LA SELVA LACANDONA.

OTRA JOVEL, OTRO CHIAPAS, A 19 DE SETIEMBRE DE 2009